GUANAJUATO, GTO.- Mientras en el Congreso de Guanajuato eran protegidos legalmente los derechos de los periodistas, en la Procuraduría de los Derechos Humanos eran vulnerados.

Y es que en esos momentos trascendió que el procurador de los derechos humanos, Raúl Montero de Alba, emitió un acuerdo de no recomendación al alcalde panista de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, y a su director de comunicación social, Adrián González de la Garma.

Estos personajes no recibieron recomendación alguna por parte del procurador de los Derechos Humanos, pese a que fueron acusados de presionar a medios de comunicación locales para despedir y bloquear a dos mujeres periodistas que ahora forman parte del portal de noticias El Salmantino.

Se trata de Guadalupe Hernández Macías, directora de El Salmantino, y Josefina Montecillos García, colaboradora del mismo portal, quienes adelantaron que, ante el desaseo en la investigación, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Esta resolución fue simplemente la de no recomendación al alcalde, porque lo que decimos, tanto Josefina como su servidora, e incluso una compañera más que también fue llamada como testigo, no es sustentable para los derechos humanos. Lo que decimos nosotras como reporteras no sirve, en cambio lo que dice el alcalde de Salamanca, pues para ellos es la verdad”, dijo Guadalupe Hernández.

Fue en junio del 2016 cuando las periodistas denunciaron en redes sociales que estaban siendo víctimas de abusos y represión por parte del gobierno del panista Antonio Arredondo.

Sostuvieron que estaban siendo víctimas de esto al revelar que desde el departamento de comunicación social del Gobierno de Salamanca se prohibió a medios locales (a modo) que sus reporteros colaboraran con El Salmantino.

Esto generó que Guadalupe Hernández fuera despedida de la estación de radio local XEZH, desde donde combinaba su labor con el naciente Salmantino.

Pero el caso más delicado fue el de Josefina Montecillos García, quien después de 25 años trabajando para El Sol de Salamanca, fue despedida por haberle ayudado a tomar el micrófono de El Salmantino durante una rueda de prensa.

Pese a que las periodistas aportaron un audio en el que el director general de El Sol de Salamanca, Alejandro Herrera Sánchez, argumenta que la despide porque: “a ver, Josefina, ¿qué pasa si yo soy el alcalde y el señor Paco, que trabaja en El Sol, le está ayudando al wey que me está madreando?, ¡uta, wey!, o sea, ¿cómo?, ¿qué pedo?”, ni ese audio, ni la presentación de una testigo de la presión que ejerció el director de comunicación social para bloquear a El Salmantino, fueron suficientes para emitir una recomendación al alcalde y a su encargado de prensa.

“La Procuraduría no hizo su labor, no hizo una investigación a fondo, únicamente se concretó en considerar lo que nosotros aportamos, no llamó a comparecer a nadie, se concretó nada más en responder lo que el alcalde le dijo, pero fue por escrito, no fue a comparecer. Desde mi punto de vista hay muchas omisiones y finalizó en esta resolución”, dijo Josefina Montecillos.

Esa resolución a la que se refiere la periodista es la siguiente, al igual que los argumentos que la “sustentan” para la Procuraduría de los derechos Humanos del Estado de Guanajuato:

“No es posible posible inferir un nexo casual entre el cese laboral de la quejosa Ma. Josefina Montecillos García y alguna actuación de los funcionarios señalados como responsables, pues de conformidad con el propio contenido del audio aportado por la misma quejosa, se conoce que la molestia del personal directivo del Sol de Salamanca consistido en que la aquí quejosa colaboró con una persona externa al medio, quien además tenía ya una disputa con dicho personal directivo, por lo que no se puede inferir incidencia alguna de la autoridad municipal en dicho hecho, por lo que no se emite juicio de de reproche al respecto.

De esta forma, al no haber acreditado que existe una relación entre el despido de Ma Josefina Montecillos García y la actuación de la autoridad municipal, tal circunstancia se suma a las ya referidas en el presente caso concreto, no son suficientes para tener acreditad que los funcionarios Antonio Arredondo Muñoz y Adrián González de la Garma hiciesen efectuado acciones indirectas tendientes a a obstaculizar la cooperación del gremio periodístico con la aquí quejosa Ma Guadalupe Hernández Macías.

Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite acuerdo de No Recomendación al presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, ingeniero Antonio Arredondo Muñoz, respecto a la violación del derecho a la libertad de expresión que les fuera reclamando a su propia persona, así como al director de comunicación social Adrián González de la Garma, por parte de Ma. Josefina Montecillos García y Ma Guadalupe Hernández Macías”, concluye el acuerdo de No recomendación  firmado por el procurador José Raúl Montero de Alba.

 POR CIERTO…
Raúl Montero de Alba llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato el 17 de noviembre del año pasado.

Montero de Alba era subprocurador de los Derechos Humanos de Irapuato, mano derecha del entonces Ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, ahora secretario del Gobierno Estatal panista.

Fue prácticamente elegido por los 19 diputados panistas bajo la sospecha de un procurador a modo y a servicio de los gobiernos de Acción Nacional.

El caso de las periodistas de El Salmantino parece lapidar la consigna.

Guadalupe Hernández y Josefina Montecillo, periodistas de El Salmantino.