CIUDAD DE MÉXICO.- La primer matanza del Gobierno peñanietista acaba de enseñar su feo rostro; una testigo de un supuesto enfrentamiento entre soldados y presuntos descuentes en Tlatlaya, Estado de México, reveló a la revista Esquire que en realidad en esos hechos 22 personas fueron ejecutadas por miembros del ejército.
La onda, según la revista, estuvo así: el 30 de junio pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los militares fueron atacados por un grupo de delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, muy cerca de los límites con Guerrero.
La dependencia detalló que en ese lugar resultaron abatidos 22 presuntos delincuentes (entre ellos una menor de edad) y heroicamente ningún militar resultó lesionado.
Hasta ahí todos en el país habíamos comprado la noticia, hasta ahora, casi tres meses después, cuando una mujer llamada “Julia” revela a la revista Esquire que ella fue testigo de la masacre.
La mujer asegura que fue el ejército el que atacó al grupo de presuntos delincuentes y que sólo uno de ellos murió en el supuesto enfrentamiento, el resto, dice, fueron llevados a una bodega, donde fueron interrogados y torturados, para después ser ejecutados.
El que sigue, es un extracto de la entrevista con la sobreviviente: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
Este asunto trae de cabeza al gobierno de copetudo Enrique Peña Nieto. De hecho, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. dijo la mañana de este viernes que el caso tiene que ser investigado.
Sin embargo, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, reservó por 10 años información relevante sobre este asunto.