CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos ocho contratos de proveedores de servicios a reclusorios federales firmados por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, podrían ser cancelados, advirtió este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente considera abusivos los montos de estos contratos y espera llegar a un acuerdo con los proveedores. De lo contrario, dijo, serán rescindidos.
“Hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna. He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública, se va hablar con cada uno de ellos. En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que al revisar los ocho contratos de prestación de servicios de reclusorios se detectó el pago de grandes cantidades de dinero.
“Existen ocho, como ustedes saben, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, el femenil de Morelos, Michoacán y Guanajuato. Estos ocho centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en siete de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011”, dijo Icela Rodríguez.
Señaló que la firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna, y el gasto anual que se está pagando en estos últimos nueve años, es un total de 75,661 millones de pesos.
“Es correspondiente solamente al 36 % del pago total”, dijo la funcionaria federal.
La secretaria de Seguridad detalló que hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos que corresponderá en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2037.
“Se hace un costo total proyectado a 20 años, es un aproximado de 266,300 millones de pesos. Esto significa que será tomado en cuenta los índices de precios que se manejan para los siguientes años”.
Por su parte, Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, aclaró que el contrato fue por adjudicación directa y los servicios que se estipulan son adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de la infraestructura y diseño del proyecto.
Así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato.
“Eso es lo que pone el proveedor y reiterar que todo esto fue por adjudicación directa”, aclaró Scherer Ibarra.
