GUANAJUATO.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales ha traído consigo la instalación del nuevo sistema penal acusatorio dentro del cual se incluyó el tratamiento procesal para lograr atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas colectivas (comúnmente conocidas como personas morales).

Indicó que el nuevo sistema de justicia penal permite sancionar de manera autónoma y directa a las organizaciones cuando en su provecho o beneficio cometan un delito. “En la presente propuesta…, se establece que las personas jurídicas colectivas deberán demostrar contar con el debido control organizacional, lo cual se colma con la puesta en marcha de los programas de cumplimiento normativos en el seno de su organización, a los cuales denominaremos modelos de organización gestión y prevención del delito”, apuntó.

Rangel Hernández detalló que en propuesta se incluyen los lineamientos y criterios que deben incluir los modelos de organización de gestión y prevención del delito, conocidos como programas de cumplimiento normativo, para efectos de demostrar que las empresas, como evidencia, cuentan con el debido control en su organización para así afrontar la carga penal que se les pudiere imputar por los delitos que cometan en el fuero común.

“Los programas de cumplimiento normativo se reflejan en instrumentos de distintas índoles, desde circulares internas que establecen criterio es de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones que establecen tramos de responsabilidad bien definidos”, precisó.

Asimismo, agregó que la iniciativa contempla el establecimiento de atenuantes y excluyentes de la responsabilidad, el régimen de requisitos para los modelos de organización, gestión y prevención del delito para los efectos de la exclusión de responsabilidad, y un adecuado tratamiento a la aplicación de sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.