LEÓN, GTO.- En vísperas de la salida del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, la diputada y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de eliminar los requisitos de nacimiento en el estado y de residencia efectiva de cinco años para el cargo de Fiscal. 

El objetivo es poder privilegiar los principios Constitucionales de igualdad y no discriminación.

En la propuesta se expresa que la Constitución Política del Estado de Guanajuato actualmente establece requisitos específicos para el cargo de Fiscal General, tal es el caso de ser mexicano por nacimiento y originario del estado o haber residido en él de manera efectiva durante al menos cinco años.

La iniciativa manifiesta que a pesar de que dichas consignas fueron diseñadas para asegurar la familiaridad y el compromiso con la entidad, se debería considerar una reevaluación a la luz de los principios de igualdad y no discriminación que tiene relación con los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por México.

“Los requisitos de nacimiento y residencia prolongada para el cargo de Fiscal General generan una distinción no razonable entre ciudadanos nativos y no nativos, contraviniendo estos principios fundamentales al crear barreras basadas en el lugar de origen y el tiempo de residencia. La igualdad en el acceso a cargos públicos es un componente esencial de una sociedad democrática y justa”, se lee en el documento.

Se agrega que diversas personas que no nacieron en Guanajuato pueden aportar perspectivas valiosas y experiencias diversas que enriquezcan la administración de justicia, por lo que la eliminación de estos requisitos fomenta una mayor apertura y aprovechamiento del talento a nivel nacional.

“La posibilidad de contar con un Fiscal General sin restricciones geográficas y temporales amplía el espectro de candidatos potenciales, permitiendo seleccionar a la persona más idónea para el cargo. Esto no solo fortalece la institución del Ministerio Público, sino que también incrementa la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia imparcial y basado en el mérito”, se señala.

Finalmente, se precisa que los cambios propuestos podrían fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia del estado, junto a que la inclusión de personas con trayectoria y experiencia en el puesto podría enriquecer la administración de justicia, al incorporar nuevas perspectivas y enfoques que respondan mejor a las necesidades de una sociedad cada vez más diversa y dinámica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.