GUANAJUATO, GTO.- La mayoría en el Congreso de Guanajuato aprobó presentar una Controversia Constitucional contra la reforma  al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y mediante la cual se asfixia a los medios de comunicación en sus ingresos por publicidad.

Y es que la reforma pone un tope de 0.1% de ejercicio de presupuesto en publicidad a entes públicos de los tres niveles de gobierno.

La Controversia Constitucional tiene su origen en la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por 27 votos a favor y 8 en contra, provenientes de morena y el Partido Verde.

El Poder Legislativo de Guanajuato estima que con dicha reforma existe una violación a los principios constitucionales de articulación de los órdenes de gobierno en el sistema federalista.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, secretario de la mesa directiva, dio lectura a las consideraciones del documento y refirió que una controversia constitucional se definía como el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución federal.

Señaló que el proceso de ese juicio inicia cuando uno de los poderes considera que una ley, un decreto o un reglamento promovido por otra autoridad, representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones y, precisó, que pueden ser impugnados todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, excepto los de naturaleza electoral.

La diputada de morena,Alma Edwviges Alcaraz Hernández, dijo que en Guanajuato no siempre se han respetado los principios de honradez y probidad, en diversos aspectos, entre ellos el de comunicación social. Después de detallar distintos actos que consideró eran prueba de que no se manejan adecuadamente los recursos, subrayó que era una obligación cuidar el dinero del pueblo.

Por su parte, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez Alcalá, solicitó el voto a favor de la propuesta al argumentar que el citado Decreto violaba flagrantemente la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y agredía de manera directa el derecho que tienen los Estados Soberanos a legislar su régimen interno dentro del marco de la federación y de las facultades y límites que establece el propio texto constitucional.

La reforma impacta directamente a los medios de comunicación, los cuales se verían asfixiados en cuanto a la publicidad gubernamental, ya que se podría aplicar solo el 0.1% del presupuesto en ese rubro.