GUANAJUATO, GTO.- A la diputad Arcelia González le tocó vivirlo en carne propia, durante la campaña que hizo para contender por la diputación local no tuvo recursos para promocionarse, para ella esto es un tipo de violencia política y que va contra sus derechos político-electorales, por eso presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que se castiguen con cárcel este tipo de conductas.

La legisladora presentó una propuesta en sesión de Pleno del Congreso local, sin dejar pasar ejemplos como el vivido recientemente por la diputada Yulma Rocha Aguilar, de quien se difundió un presunto video sexual. Nunca se comprobó que la mujer del video era ella.

También recordó la campaña que se emprendió en algún momento en contra de la ex alcaldesa Bárbara Botello, haciendo uso de muñecas Barbies y usando frases como “Las Barbies son para jugar, tu seguridad no”.

La legisladora del PRI aseguró que los tipos de violencia a los que se ven expuestas las mujeres en política van desde el minimizar sus logros hasta el acoso o la limitación de recursos para campañas electorales. Y lamentó que la prueba de que a las mujeres les cuesta el doble de trabaja alcanzar ciertos objetivos en relación a lo que le cuesta a un hombre, en las mismas condiciones.

Por ello planteó incluir en el Código Penal un artículo 289 Bis, norma en la que se establecen de dos a seis años de prisión y hasta mil días multa, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, a la persona que con dolo anule o limite el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una persona en el ámbito político o público, por el hecho de ser mujer.

“Cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público o dirigente partidista, además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se le inhabilitará de uno a seis años para ocupar cargo, empleo o comisión públicos. Con esto buscamos proteger los derechos político-electorales de las mujeres”, señaló Arcelia González.

Refirió que la ampliación del margen sancionador del estado, tiene el objetivo de fortalecer las acciones protectoras, ya sea inhibidoras o sancionatorias, para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.