GUANAJUATO, GTO.- El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de aumentar los rangos de punibilidad al delito de “extorsión” y agregar supuestos agravantes para las distintas modalidades que existen de dicha conducta.

En la exposición de motivos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá recordó que actualmente la pena de prisión para el delito de “extorsión” contempla de uno a diez años de prisión y de diez a cien días multa, por lo que la iniciativa pretende que se aumente de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa.

“Convencidos que en la realidad que se vive, la sanción establecida hoy en día para el delito de «extorsión» no es del todo proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, así como a sus efectos e impactos personales y sociales generados, resulta imperante su ajuste (aumento de punibilidad al tipo básico), así como incrementar la misma si se ejecuta de conformidad con las diversas modalidades que a la par se pretenden adicionar con la presente Iniciativa”, dijo.

Asimismo, detalló que la propuesta legal contempla adicionar hipótesis en la comisión del delito, las cuales se precisa que de actualizarse alguna de ellas, se sancionarán incrementándose de un cincuenta por ciento del mínimo a un cincuenta por ciento del máximo en relación con la pena establecida para el tipo básico de «extorsión».

“El delito de «extorsión», en sus distintas formas, conlleva conductas antijurídicas, en las que participa la delincuencia y cuyo proceso consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, como por ejemplo, ejerciendo agresiones verbales, amenazas a su persona y familia, etc., aprovechando en ocasiones datos obtenidos de directorios telefónicos, referencias personales conseguidas a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales u ostentándose como representantes de una institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso de gobierno, ello con el objetivo de obtener información básica para luego utilizarla como parte de su estrategia extorsionadora, entre otros modos de actuación”, acentuó.

Finalmente, la legisladora consideró que el marco local debe renovarse a fin de incluir en la tipificación del delito de «extorsión», sanciones mayormente contundentes, así como supuestos agravantes para las distintas modalidades de este tipo de conducta delictiva, lo cual abona a la confección de una estrategia de corte político criminal de combate a dicho delito desde todas sus aristas, con una perspectiva integral, brindando así mayor certeza y seguridad a la ciudadanía.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.