LEÓN, GTO.- El Senador Fernando Torres Graciano presentará la Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública.

La propuesta tiene por objeto garantizar los derechos mínimos de los miembros de los cuerpos de seguridad pública y busca establecer un parámetro, para que las entidades federativas y los Municipios, regulen su relación administrativa en estricto apego al artículo 1° de la Constitución.

“A la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces. Con esta iniciativa, buscamos defender sus derechos e impedir que las entidades policiales cometan actos ilegales, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado”, afirmó Torres Graciano.

La iniciativa está dirigida a los miembros de los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de centros penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todos los que presten sus servicios en dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal

Actualmente, la Constitución establece que la relación de las Instituciones de Seguridad Pública con los elementos policiales, será exclusivamente de carácter administrativo y que la conclusión de su servicio sólo podrá llevarse a cabo por causa justificada, sin que proceda la reinstalación de dichos elementos, aun cuando la causa del cese o suspensión haya sido injustificada.

Ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública; la propuesta contempla la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una “indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”.

Además, aborda el término de remuneración diaria ordinaria, la cual se integra por la cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación que se entregue al elemento policial.

Torres Graciano pide que se contemplen diversas medidas de protección a fin de que el elemento policial pueda disponer libremente de la remuneración diaria ordinaria que percibe por el servicio público que brinda. Además de que se considere la posibilidad de otorgar estímulos a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño sus funciones.

Finalmente, la iniciativa aborda los derechos mínimos de seguridad social de los elementos policiales, en aras de brindarles certeza jurídica.