GUANAJUATO, GTO.- El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guanajuato, Sergio Contreras, presentó este jueves en el Congreso Local una iniciativa de ley para endurecer las penas contra quienes roben o despojen a adultos mayores o personas con discapacidad.
Concretamente el verde busca reformar el artículo 194 y adicionar el artículo 208-A al Código Penal del Estado.
La propuesta legislativa tiene como propósito agravar las sanciones por los delitos de robo y despojo cuando estos sean cometidos en perjuicio de personas adultas mayores o personas con discapacidad, reconociendo que estos grupos enfrentan mayores obstáculos para defender sus bienes y su integridad patrimonial.
En la exposición de motivos, se argumenta que tanto las personas mayores como aquellas con alguna discapacidad viven con una acumulación de desventajas que, combinadas con su condición física o mental, las colocan en una situación de riesgo constante, particularmente en lo que respecta a la defensa de sus derechos patrimoniales.
Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2024, la población mayor de 60 años en México representa ya cerca del 12% del total nacional. Asimismo, la mitad de esta población percibe ingresos inferiores a $4,300 pesos mensuales y enfrenta desafíos importantes para continuar en la vida laboral, lo que incrementa su dependencia económica y los expone a abusos.
La iniciativa del Verde también hace eco de los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversos tratados internacionales firmados por nuestro país, los cuales reconocen y protegen los derechos de estos grupos vulnerables.
“Durante muchos años se ha invisibilizado la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y con discapacidad. Es momento de tomar medidas concretas para que la ley reconozca esta realidad y actúe en consecuencia”, señaló el diputado Sergio Contreras durante su intervención.
Esta reforma representa un paso importante en la construcción de un marco legal más justo e incluyente, que permita atender con mayor sensibilidad y rigor los delitos cometidos contra quienes más necesitan del respaldo del Estado.
