GUANAJUATO, GTO.- El diputado de Morena, Raúl Humberto Márquez Albo,  presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a fin de garantizar el debate y la libre expresión de ideas de las diputadas y los diputados.

En la exposición de motivos, el diputado explicó que la propuesta consiste en establecer que cuando el orador manifieste en cualquier momento de su discurso que no aceptará preguntas, la Presidencia de la Mesa Directiva lo comunicará a los demás diputados para que se abstengan de formular interpelaciones.

Refirió que el debate es una actividad característica de los congresos con representación de diversas fuerzas políticas y es la esencia de la actividad legislativa para enriquecer las ideas de todos los partidos para llegar a acuerdos que se reflejarán en el producto legislativo o en las determinaciones que como Asamblea se toman y que afectan directamente al ciudadano.

Sin embargo, expuso que en varias ocasiones la claridad del mensaje que se pretende enviar se ve entorpecido y retrasado por no existir un equilibrio entre el debate y el discurso.

“Es necesario que la balanza sea igual para el orador como para los demás diputados, tanto ellos tienen derecho a interpelar como el orador debe tener derecho a no ser interrumpido innecesariamente”, consideró.

El legislador señaló que la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad determina la forma en que deben de llevarse a cabo las interpelaciones a un orador, garantizando el debate y la libre expresión de ideas que son necesarios en la práctica parlamentaria.

En este sentido, comentó que el objetivo principal del diputado que está en tribuna o en el uso de la voz es el de transmitir información, por lo que no debe perderse o llevarse al punto de la incomprensión.

“Dicha situación que se da cada vez que interrumpimos en un sinnúmero de ocasiones a quien está hablando para formular preguntas que distraen la ilación del tema que está abordando. La consecuencia inmediata es que se interrumpe el mensaje que el ciudadano intenta comprender, y por consiguiente rompemos con la obligación de comunicación y deber de información que todos tenemos para con las y los ciudadanos”, agregó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.