LEÓN, GTO.- Un boquete financiero de casi 300 millones de pesos le fue heredado por el gobierno de la priista Bárbara Botello a la administración pública que ahora intenta sacar a flote el panista Héctor López Santillana.

Ese faltante, al igual que 400 contrataciones, recontrataciones y ascensos aprobados indiscriminadamente durante los últimos días del pasado gobierno, ocasionan que la Presidencia Municipal no tenga para pagar aguinaldos y prestaciones de fin de añ.

“La insuficiencia financiera, ya de manera puntual, asciende a los 294.9 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme se vayan perfeccionando las revisiones.

Uno de los problemas más grandes que enfrentamos, es la falta de 50 millones de pesos para pagar la octava modificación del contrato con Red Recolector.

Esto significa que cerca del 50% del adelanto de participaciones que solicitamos al gobierno del estado, se vaya a destinar a este rubro.

Otra de las incidencias encontradas son 15.2 millones de pesos faltantes para poner en marcha los operativos de fin de año de Policía, Protección Civil y Tránsito.

En este monto también se incluye la falta de liquidez para gasto corriente, combustible, mantenimiento y la liberación de los vehículos que están en la propia dependencia”, dijo el alcalde.

Siguiendo con el recuento de sorpresas, ratificó la existencia de un absoluto desorden administrativo en la Policía Preventiva, en donde se tiene además el 50% de las patrullas con fallas mecánicas o de plano paradas.

“Hay desorden documental, expedientes perdidos y es inexistente el inventario de armas y de equipo.

Así mismo, tenemos comprobado el incumplimiento de contratos para campañas de prevención del delito”, señaló López Santillana.

Informó que el boquete financiero incluye 34.5 millones de pesos para pagar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), además de 63.8 millones para continuar con la construcción del bulevar principal en Las Joyas, 19.8 millones para cumplir con las pavimentaciones en el Fideicomiso de Obras por Cooperación(Fidoc) y 23 millones para cumplir con el compromiso de las obras complementarias del parque industrial Las Colinas.

Luego explicó ampliamente el descarado incremento en la nómina y las consecuencias que se desencadenaron con esto.

“El pasado 10 de octubre nosotros recibimos el Gobierno de León, con 6 mil 650 servidores públicos basificados y otros 100 personas más contratados eventualmente.

El total de posiciones autorizadas por el Ayuntamiento en toda la administración es de 6 mil 944, pero también hay que sumar que estaban operando 73 trabajadores eventuales y otros 116 contratados por honorarios, estos últimos, por cierto, sin que fueran reportados en la entrega recepción.

Los trabajadores eventuales se ubican principalmente en las plazas de la ciudadanía, mientras que los de honorarios se distribuyen en toda la administración.

En promedio, la administración anterior mantuvo anualmente de 650 a 750 vacantes para soportar un déficit presupuestal del grupo mil, que es en donde contablemente se agrupa el tema de la nómina. Sin embargo, entre julio y todavía hasta el 9 de octubre pasado, es decir, después de las selecciones y antes de la toma de posesión, fueron incorporados más de 400 trabajadores, entre contrataciones, re contrataciones y ascensos, sin realizar el ajuste presupuestal correspondiente.

Debido a lo anterior es que hoy podemos reconocer que no tenemos recursos para pagar la nómina y prestaciones de fin de año del personal de la administración centralizada. Nos faltan 37.5 millones de pesos para solventar esta erogación.

El costo en síntesis, el costo total de la nómina anualmente es de 1850 millones de pesos, sin embargo, el presupuesto autorizado fue de 1607 millones de pesos, con esto se explica por qué había tantas vacantes sin ocupar.

Existen además inconsistencias entre el personal contratado y la descripción de los perfiles de puesto, además, hay incumplimiento en la conformación de los expedientes de personal y de evaluación de su desempeño”.

López Santillana siguió enumerando irregularidades, como el hecho de que la mayoría del equipo tecnológico pagado para el programa “Taxi Seguro” simple y sencillamente ha desaparecido.

Pero el colmo llegó cuando el alcalde dio a conocer que había casinos que estaban funcionando sin permisos de usos de suelo.

Finalmente dijo que para tratar de nivelar un poco los daños, se utilizarán los 121 millones de pesos que se le pidieron al Gobierno del Estado como adelanto de participaciones para pagar un adeudo de 50 millones de pesos a Red Recolector, una de las empresas que se encarga de la recolección de basura en la ciudad, cumplir los compromisos en el Fidoc y el pago para el DAP.

López Santillana aclaró que de esto aún no se desprenden acusaciones contra alguien, en específico, de la pasada administración.

Sin embargo, todos los índices apuntan a San Lázaro.