CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 16 de mayo, José Roberto Saucedo Pimentel, integrante de la Organización por la Transparencia “Ciudadanos Hartos” y colaborador del Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, fue notificado de dos demandas por el supuesto daño moral cometido en perjuicio de Silvia Rocha Miranda, regidora municipal de Guanajuato, y de su esposo, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, propietario del canal privado TV8 de la concesionaria Telecom Nacional S. de R.L. de C.V. , el cual transmite en la ciudad de Guanajuato.

Las demandas señalan que se causa perjuicio “patrimonial y extrapatrimonial” a dichas personas, ocasionados por publicaciones hechas a través de la cuenta de  Facebook del demandado en abril pasado, y en las cuales se comentan una serie de notas elaboradas por distintos medios de comunicación que dan cuenta de las relaciones de poder entre Jorge Antonio Rodríguez Medrano y funcionarios municipales, mismas  que han llevado a que la concesionaria propietaria del canal TV8, Telecom Nacional S. de R.L. de C.V., no pague la cantidad de 87 millones de pesos que adeuda al municipio de Guanajuato, inicialmente estimada en 84 millones.

Dentro de las prestaciones, y por lo que hace a la funcionaria pública municipal,  exige el pago de la indemnización por concepto de daño moral que se establezca en la sentencia, así como la publicación del extracto de la sentencia que resuelva tal controversia. La otra demanda, interpuesta por  Jorge Antonio Rodríguez Medrano, propietario del canal privado TV8 exige el pago de 84 millones de pesos por concepto de “daño moral y puesta en peligro”, así como el pago de $850,000 pesos por concepto de daño moral indirecto y la publicación del extracto de la sentencia que lo ordene a través de los mismos medios que fueron hechas las publicaciones que aduce, le causaron daño.

En entrevista con ARTICLE 19, Verónica Espinosa, integrante del Colectivo por la Libertad de Expresión, misma que forma parte de la Red #RompeElMiedo, informó que el hoy demandado, José Roberto Saucedo Pimentel, realizó  solicitudes vía transparencia para las redacciones de algunas de las notas que compartió. “Derivado de estas solicitudes pudimos encontrar incrementos en montos de contratos publicitarios entre el gobierno municipal y el demandante, pero también que otro de sus hijos así como una nuera, recibían a la par que el empresario Rodríguez Medrano contratos por servicios similares o iguales, lo que publicamos en varias notas periodísticas a través de distintos portales”, enfatizó la periodista, también corresponsal de la Revista Proceso.

Además de lo anterior, Espinosa refirió: “a través de información pública, Saucedo encontró que la empresa Telecom, en la que TV8 transmite sus canales, no tenía registro de haber pagado un solo peso al gobierno municipal por el uso de vía pública ni antecedentes de permiso alguno, lo que sí se les está cobrando a las otras dos empresas de triple play que operan en Guanajuato capital. El adeudo fue estimado por el propio gobierno municipal en 84 millones de pesos, esto motivó otra serie de publicaciones, además de que decidimos interponer un recurso ante la Auditoría Superior del Estado y el Comité ciudadano anticorrupción para que investigaran la posible responsabilidad de funcionarios omisos por este hecho.”

A nombre del Colectivo, Verónica Espinosa refirió que les “parece muy preocupante que quien pretende abrir la puerta al uso frívolo o malintencionado de la figura del daño moral en contra de periodistas y activistas por la transparencia, con un propósito de censura sea el propietario de un medio de comunicación que, por el contrario, tendría que defender no sólo el propio ejercicio periodístico, sino también el derecho de todas y todos a informar y a ser informados, así como a opinar. El peligro inminente es el silenciamiento de la crítica”.

Por su parte, el propio demandando Roberto Saucedo Pimentel, comentó a ARTICLE 19: “Yo soy colaborador de periodistas, en investigaciones. Estas investigaciones las saqué después de cuatro meses de trabajo a través de solicitudes de información. Lo único que hice fue postear las notas y dar mi opinión.”

Respecto a las desproporcionadas prestaciones que se exigen en las demandas, y particularmente por lo que hace a la demanda de Rodríguez Medrano,  Roberto Pimentel, refirió: “sucede que la cablera que es Telecom Nacional S. de R.L. de C.V., tiene una deuda de 84 millones de pesos en favor del municipio, por lo que asegura que, con mis publicaciones, lo pongo en peligro porque la gente piensa que él tiene esa deuda”. Sobre los 850 mil que le exige como pago para la reparación por el supuesto daño moral considera que “con lo que posteé,  se le vinieron abajo contratos de publicidad. Sin embargo es claro que  buscan desalentar la denuncia publica, lo cual es súper riesgoso.”

ARTICLE 19 externa su preocupación respecto a los actos que ha hecho el empresario Jorge Antonio Rodríguez Medrano, quien, en anterior ocasión, operó campaña de desprestigio en contra de Verónica Espinosa, luego de que ella -en compañía de otros periodistas- presentaron carta al Procurador General de Justicia de Guanajuato exigiendo justicia por el caso de un reportero atropellado en Guanajuato.  El periodista Gilberto Navarro fue atropellado el día 7 de marzo del año pasado, por el entonces funcionario municipal de la Ciudad de Guanajuato, Jorge Alberto Rodríguez Rocha,  hijo del empresario y de la regidora de Guanajuato, mismos que ahora demandan a Saucedo Pimentel.

En este sentido, ARTICLE 19 exige a Silvia Rocha Miranda desistirse de la acción iniciada en contra de José Roberto Saucedo Pimentel y abstenerse de presentar nuevas demandas en contra de periodistas o colaboradores de medios de comunicación, pues en su carácter de funcionaria pública del municipio de Guanajuato, debe abstenerse de realizar actos que atenten contra la libre manifestación de ideas u opiniones emitidas por cualquier ciudadano.

Recordamos a la funcionaria y al empresario, que, debido al interés público de sus actos, todas las expresiones hechas en este  sentido revisten una categoría especialmente protegida por el derecho a la libertad de expresión, por lo que el ámbito de injerencia en su vida privada, honor y reputación es mayor.

En este sentido, los funcionarios públicos y personas con proyección pública deben soportar las expresiones chocantes con mayor identidad, tal como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el llamado “sistema de protección dual”.  Adicionalmente, encuentran especial protección aquellos discursos e informaciones relacionados con actos irregulares en el ejercicio de la función pública. Por último, las opiniones se encuentran protegidas tal como lo establece  la  opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De la misma manera, ARTICLE 19 hace un llamado al empresario Jorge Antonio Rodríguez Medrano a desistirse de la acción iniciada en contra de José Roberto Saucedo Pimentel y abstenerse de presentar nuevas demandas en contra de periodistas o colaboradores de medios de comunicación, y realizar cualesquiera actos de agresión dirigidos a inhibir el ejercicio periodístico.