GUANAJUATO, GTO.- El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Guanajuato.

La ley tiene por objeto, la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados con la desaparición de personas; así como, establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos.

Aspectos que destacar de la ley:

• Se crea el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.

• Se elimina del término persona no localizada lo cual permitirá considerar todos los casos como desapariciones desde un inicio, y se aplicarán todas las acciones necesarias para su búsqueda, tanto por la fiscalía especializada como por la comisión de búsqueda.

• Se crea y regula la organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

• Se garantiza la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de la legislación aplicable.

• Se crea el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

• Se establecen los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos.

• Se garantiza la coadyuvancia de los familiares en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

• Se establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

• Se contará con una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.

• Contempla la integración del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo, Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante y Lorena del Carmen Alfaro García; así como los diputados Héctor Hugo Varela Flores y Raúl Humberto Márquez Albo.

La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo reflexionó sobre varios aspectos de la propuesta, entre los que destacó que la nueva ley hará realidad la participación de los familiares de las personas desaparecidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. De igual manera, dijo, se garantizará la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero.

García Muñoz Ledo subrayó que con la aprobación de esta ley se eliminaría el término persona no localizada, lo cual permitirá considerar todos los casos como desapariciones desde un inicio, y se aplicaran todas las acciones necesarias para su búsqueda, tanto por la fiscalía especializada como por la Comisión de Búsqueda.

“Con su voto a favor del presente dictamen estaremos diciéndoles a quienes viven con la angustia y el dolor indescriptibles, de no saber dónde está la persona que aman, que no están solos, que las instituciones y los Poderes del Estado no vamos a darles la espalda ni vamos a cerrar los ojos ante la tragedia que viven, que reivindicar su lucha y sus derechos es nuestra prioridad, que por difícil que sea el fenómeno de las desapariciones, nadie, nunca, debe parar hasta encontrarlos y porque como Poder Legislativo hemos hecho un trabajo transparente, profesional y de profundo diálogo y reflexión sobre los artículos contenidos en el dictamen”, enfatizó la congresista.

Finalmente, externó su agradecimiento a quienes participaron en el proceso de análisis de este proyecto legislativo, entre ellos los Colectivos, organizaciones y expertos, familiares de las personas desaparecidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la representación de ONU Derechos Humanos.

En su intervención, la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante hizo referencia al proceso de análisis, el cual calificó de minucioso y conmovedor, ya que, a través de sus familiares, tuvieron la oportunidad de ponerle rostro, nombre y apellidos a algunas de las víctimas que forman parte de las cifras referentes a desaparición forzada.

Compartió que pudo confirmar que las primeras horas después de la desaparición de una persona son vitales para ayudarle a regresar a salvo a casa y evitar así que sean una cifra más, de ahí la importancia, dijo, de unir esfuerzos y darle la voz a todas esas personas que no dan con el paradero de un ser querido.

Finalmente, agradeció a todos los que participaron en las mesas de trabajo y externó a los familiares de las víctimas que tuvieran presente que no se olvidaban de sus seres queridos ni de ellos que luchan día a día por localizarlos.

“Estaremos con ustedes y daremos hasta el último ápice de aliento por robustecer las herramientas para que sus personas amadas puedan ser localizadas”, concluyó la congresista.

En su intervención, la legisladora Lorena del Carmen Alfaro García señaló que la desaparición de un ser humano era una herida que laceraba el alma de una familia y que debía despertar tanto la indignación de la sociedad como la acción efectiva de las autoridades. Asimismo, externó que el proceso legislativo les permitió ver una realidad que no dimensionaban y conocer, en los hechos, lo que significaba para las familias soportar el proceso de búsqueda de sus seres queridos.

“Hoy es justo dar gracias a las mamás, papás, parejas y hermanos por abrirse con nosotros, por compartirnos sus casos y su dolor, con el único propósito de aportar a tener una mejor legislación, que permita que otros no pasen por lo que ellos pasaron y que se fortalezcan los esquemas de búsqueda de las víctimas”, enfatizó la legisladora.

La congresista destacó que derivado del proceso de análisis se dieron cuenta de la necesidad de tener una serie de registros actualizados y confiables, que permitan dar seguimiento puntual para la búsqueda y localización de los desaparecidos; así como observaciones valiosas que reúne el dictamen y cuenta con la voz y la esperanza de las familias, la certeza de la técnica jurídica y el respaldo para convertirla en una de las piezas legislativas más importantes de la historia reciente del estado.

Agregó que con el voto a favor del dictamen se brindará una regulación normativa viable, necesaria y urgente, para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

“No debe quedar duda que este proceso no termina el día de hoy, estaremos ahí para el acompañamiento de las familias de los desaparecidos, para vigilar el cumplimiento de la ley y no ser indiferentes a esta problemática social que lastima profundamente no sólo a las familias y personas allegadas a las víctimas, sino que nos lastima a todos los guanajuatenses”, finalizó Alfaro García.

Por su parte, el diputado Héctor Hugo Varela Flores manifestó que con la expedición de la ley que se estaba discutiendo estarían brindando resultados a la sociedad guanajuatense.

Varela Flores enfatizó que más allá de vivir con la incertidumbre de no saber el paradero de la persona desaparecida, los familiares de las víctimas se enfrentaban a una total impunidad e inacción de las autoridades y aparatos de justicia, y eran los que habían creado los movimientos necesarios para la búsqueda y recuperación de sus seres queridos.

El congresista agradeció la participación de todos los involucrados quienes, dijo, enriquecieron la propuesta original privilegiando la aplicabilidad de las normas y limitando la discrecionalidad de las autoridades que la van a operar.

Destacó que ahora la búsqueda e investigación será permanente y continua, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados, y que no procederá el archivo temporal de la investigación.

Sin embargo, Varela Flores mencionó que quedaban varios pendientes con la sociedad y con los familiares de víctimas, al haber quedado observaciones fuera, como el tema de las fosas clandestinas con una definición que obligue a las instituciones a no evadir responsabilidades y que les evite salirse por la tangente o brindar falsas explicaciones a los familiares; así como establecer en el texto normativo lo relativo al procedimiento y clarificación del tema de disposición de cadáveres y la atención a los localizados.

“Aún con ello, con estas deudas normativas, esta ley pretende tener empatía con las víctimas directas e indirectas del delito; para contar con un marco jurídico más efectivo en la búsqueda de personas desaparecidas”, concluyó el legislador.

También habló el legislador Raúl Humberto Márquez Albo, quien consideró que el dictamen en discusión era de una ley muy importante, que era resultado de un estudio y proceso intenso, donde hubo la participación activa de diversos grupos fuera del Congreso del Estado, de familiares de víctimas cuyas aportaciones fueron valiosas para enriquecer la propuesta inicial.

Mencionó que esta propuesta era necesaria y con un alto impacto social, y que desde la primera mesa de trabajo manifestó su importancia porque existen muchos guanajuatenses que están atravesando por una situación difícil, dolorosa y de un impacto emocional altísimo, la pérdida de un familiar.

En ese sentido, Márquez Albo subrayó que era un tema que necesita claridad y certeza jurídica más que nunca. También habló de las cuestiones que va a regular la nueva disposición normativa y, dijo, que todo deberá estar en coordinación con los registros nacionales, los cuales servirán de insumo para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, celebró que como fruto del diálogo se haya eliminado el concepto de persona no localizada e instó a sus homólogos a votar a favor.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general.

Al ser sometido a votación en lo particular, las diputadas María Magdalena Rosales Cruz y Vanessa Sánchez Cordero presentaron reservas.

La congresista María Magdalena Rosales Cruz, se reservó los artículos 3, 28 y 55 del dictamen. Indicó que la propuesta omitía establecer una definición de los sitios en que se hallan restos humanos, especialmente la tipología conocida como fosa clandestina, siendo que era necesario para delimitar la actuación de las autoridades y evitar discrecionalidad en la utilización de los registros de esos hechos.

En ese sentido, precisó que en el dictamen se definía lo que se entiende por Registro Estatal de Fosas, incluyendo las fosas clandestinas, pero no se establecía qué se entendía por lo último lo que, dijo, provocaría un desequilibrio en la sistematización e identificación del problema social que se estaba queriendo afrontar.

La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo habló en contra e indicó que este tema se había analizado de manera responsable y el problema se encontró en que debían tener una correcta conceptualización y tipología respecto a qué es lo que se estaría entendiendo como fosa clandestina.

La congresista mencionó que durante el proceso de dictaminación tuvo comunicación con la Secretaría de Gobernación y con legisladoras y legisladores locales que participaron activamente en las respectivas leyes de desaparición de sus estados y había un denominador común, ni Veracruz, ni Estado de México, ni Ciudad de México, ni Coahuila, ni Zacatecas tenían en sus leyes locales un concepto de fosa clandestina.

“Esto una casualidad, ni obedeció a algún tipo de omisión intencional o a cuestiones de cerrazón política, obedece única y exclusivamente a que no es posible ser parte de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como formamos parte todos los estados y municipios del país, y que cada estado defina a su manera, lo que es una fosa”, enfatizó García Muñoz Ledo.

Finalmente, indicó que su voto sería en contra puesto que, de aprobarla, en lugar de ayudar, estarían entorpeciendo y generando ambigüedades en los procesos de documentación con miras a procesos penales.

En rectificación de hechos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz señaló que en el estado se han encontrado restos humanos en fosas, por ello consideró importante tener una definición y conocer el número de fosas y su ubicación, ya que de lo contrario se continuará con el ocultamiento de la información.

Se registraron 25 votos en contra y 11 a favor por lo que su reserva no fue aprobada.

Rosales Cruz también propuso se incorporara la definición de fosa clandestina y sitio de depósito, y se realizara la adaptación consecuente en la definición de Registro Estatal de Fosas.

Al hablar en contra de la reserva, la diputada Cristina Márquez Alcalá refirió que la materia de la propuesta expuesta ya se encuentra regulada en la legislación en cuestión. Mencionó que dicho tema fue abordado en las mesas de trabajo y se realizaron las adecuaciones que se consideraron.

En rectificación de hechos, la congresista María Magdalena Rosales Cruz consideró que era necesario que los ayuntamientos cuenten con personal capacitado con perspectiva de género y de derechos humanos, a fin de que puedan canalizar de la mejor manera a las familias.

Por su parte, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá expuso que la ley debe ser interpretada de manera integral y la legislación en mención cuenta con un artículo que se refiere a la capacitación del personal.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz reiteró la importancia de crear un área específica que canalice y tenga claro lo que es perspectiva de género y el respecto de los derechos humanos, para que canalice a los familiares de las víctimas. Mientras que, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá dio lectura al artículo en el cual especificaba el tema de capacitación y la impartición de programas para servidores públicos involucrados en la búsqueda de personas desaparecidas.

Las reservas propuestas no fueron aprobadas.

Por su parte, la diputada Vanessa Sánchez Cordero, se reservó los artículos 2, 5, 15, 16,18, 23, 47,85 y capítulo VIII título II. En primer lugar, propuso incluir dentro del objeto de la ley el garantizar la participación de las familias de las víctimas para que sean tomados en cuenta en los procesos de construcción y ejecución de políticas públicas que tengan impacto en los derechos de las víctimas de desaparición, lo anterior, sin que sea obstáculo que existan ya previstos mecanismos de participación en esta y otras leyes.

Al hablar en contra de la reserva, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que la participación de las familias en el proceso de elaboración de políticas públicas, ya se encontraba determinado en la legislación en cuestión, por lo que la reserva no procedería. Asimismo, reiteró la petición de que se vea la ley de manera integral.

En rectificación de hechos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz consideró que la solicitud de ver de manera integral la ley en la materia, borraba la particularidad de los fenómenos que tienen las leyes, por lo que no se podía ver de manera integral. Además, acentuó que la ley debía ser exacta y no permitir la interpretación.

Sánchez Cordero, también pidió que se mencionara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como supletoria de la ley cuyo dictamen estaba en discusión.

La reserva no fue aprobada.

La congresista también planteó la incorporación de un artículo 15 y recorrer la numeración del articulado para regular la improcedencia de la “obediencia debida” como excluyente de responsabilidad; así como incluir como conducta grave, de manera textual la destrucción u ocultamiento de hallazgos forenses.

La legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que sería inconstitucional establecer una justificación para el delito de desaparición forzada porque ese tipo de delitos son facultad exclusiva de legislar del Congreso de la Unión.

Su propuesta no fue aprobada.

Asimismo, Sánchez Cordero planteó que se estableciera en el artículo 18 que cada una de las instancias que integran el Sistema Estatal tenía la obligación de nombrar una persona que funja como un enlace encargado de la coordinación permanente de dicha instancia con la Comisión de Búsqueda.

Al hablar en contra de la propuesta, el diputado Jaime Hernández Centeno señaló que lo planteado ya se encontraba en la legislación en referencia y consideró que la redacción que se proponía en el dictamen era la más correcta.

Las reservas no fueron aprobadas.

Además, propuso dotar de mayores atribuciones al Sistema Estatal y garantizar que sea así una herramienta más eficaz, entre las atribuciones a adicionar planteó la de emitir recomendaciones, velar por la capacitación y rendir informes.

Sánchez Cordero también pidió se incorporara un capítulo relativo al Fondo Estatal para la Búsqueda de Personas ya que, manifestó, era necesario que existiera para garantizar la sostenibilidad de las acciones de búsqueda que realizará la Comisión de Búsqueda. También solicitó dotar de mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada a fin de fortalecer su funcionamiento.

Para hablar en contra de la propuesta, hizo uso de la voz el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, quien señaló que la incorporación sería inconstitucional.

Ambas propuestas fueron rechazadas.

De igual manera, planteó que se dejará de forma explícita en el articulado que las familias de personas desaparecidas deberán tener acceso, en condiciones dignas, a la información que se considere del Registro Estatal de Personas Fallecidas no Identificadas con la finalidad de reconocer a su familiar.

Otra de sus reservas pretendía se adicionaran dispositivos relativos a la disposición de cadáveres, restos humanos, información pública/publicable y toma de muestras para identificaciones, tal y como existe en la Ley General de la materia.

Ninguna de sus reservas fue aprobada.