GUANAJUATO, GTO.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019.

Dicha Ley de Ingresos estatal asciende a 83 mil 415 millones 970 mil 643 pesos, contiene nuevos derechos y mantiene los que se contemplaron para el ejercicio fiscal de 2018, además se reestructuran algunos conceptos en su mecánica de cobro a efecto de homologarlos, lo cual otorga mayor certeza a los contribuyentes.

Las cuotas del ejercicio fiscal de 2019, con relación al 2018, se incrementan en promedio y de manera generalizada en un 4 por ciento.

También, se contempla que los ingresos federales sumen 75 mil 915 millones 601 mil 712 pesos, lo cual significa un incremento de 1.4 por ciento en comparación a lo aprobado para el 2018.   

Asimismo, la Ley de Ingresos establece el alza a la tasa del impuesto sobre nómina a un 2.3 por ciento y el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos.

Reservas:

La diputada Celeste Gómez Fragoso se reservó el artículo 1 respecto al cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y el impuesto sobre nómina. Explicó que los argumentos y la justificación que envió el iniciante, no son suficientes, ya que carecen de estudios técnicos que lo avalen, además de que dichos impuestos no han sido bien recibidos por la ciudadanía y el sector automotriz.

La legisladora refirió que los incrementos previstos afectan la economía de los guanajuatenses y la generación de empleos en el sector automotriz. Asimismo, consideró que el cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos representarían una oportunidad para que en futuras leyes de ingresos estatales, se establezca el cobro de dicho impuesto para toda la población.

En este sentido, Gómez Fragoso propuso que se elimine el cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y se conserve el impuesto sobre nómina actual, el cual es del 2 por ciento.

“No queremos que esta Legislatura sea etiquetada como la que generó el regreso de la tenencia cuando no está justificado por el iniciante, la justificación deja de lado las precisiones contra dicho impuesto que realizó la Asociación Mexicana Automotriz”, dijo.

Las propuestas no fueron aprobadas.

En su oportunidad el diputado Ernesto Prieto Gallardo se reservó el artículo 2 fracción 4 referente al impuesto sobre nómina, para el cual propuso permanezca como actualmente se encuentra al 2 por ciento y no al 2.3 por ciento como se propone en la iniciativa.

Lo anterior, toda vez que no se presentan razones objetivas para este aumento que representa un incremento en el 15 por ciento al impuesto, además de que significaría un golpe para la creación de empleos y engrosaría el empleo informal, además de que supera la tasa de inflación ya prevista.

Asimismo, la diputada Celeste Gómez Fragoso se reservó el mismo artículo, a fin de que sean eliminadas tanto la fracción 4 como la fracción 5 del artículo 2.

Las propuestas no fueron aprobadas.

El diputado Raúl Márquez Albo se reservó el artículo 2 en el apartado del cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Propuso que se aplicara en lo general el 0.01 por ciento en la tasa para aplicarse al excedente del monto.

El diputado Israel Cabrera Barrón también se refirió a lo relativo al impuesto sobre tenencia. Propuso que se eliminara, y señaló que el pago de tenencia para motocicletas no era justificado, independientemente del monto de excepción que no podía considerarse como un lujo.

Al hablar en contra de la propuesta, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que de manera reiterada se estaba diciendo que no había justificación de nuevos impuestos, sin embargo, se tenían los datos de la reducción del presupuesto en varios rubros como el de la salud, y aun así se cuestionaba si había razones o no.

Hizo referencia a las finanzas sanas del estado y a la importancia de tomar decisiones, aunque no sean populares. Agregó que, en efecto, era un impuesto a autos de lujo, y que la mayoría de los ciudadanos no se verían afectados.

Las propuestas no fueron aprobadas.

La diputada Guadalupe Guerrero Moreno se reservó el artículo 4 referente al cobro de derechos por uso de carreteras y puentes de cuota, específicamente al caso de la carretera Guanajuato-Silao, toda vez que la suma del porcentaje que se incrementó la tarifa de la cuota durante 2017 y 2018, es superior al de las tasas previstas durante los años referidos.

La diputada propuso que para las fracciones b, e y f, referente a motocicletas, camiones de carga   y tractocamiones, se deje sin aumento, ya que no se acompaña con un estudio técnico que justifique el aumento de entre el 4.32 y el 6.25 por ciento. Esta reserva no fue aprobada.

El legislador Israel Cabrera Barrón se reservó el artículo 4 fracción 2 respecto al cobro en la caseta Guanajuato-Silao. Refirió que el pago por el uso de dicho tramo carretero afecta la economía de las personas que lo transitan de manera cotidiana. Asimismo, expuso que la justificación para cobrar el uso de la carretera fue recuperar la inversión que se hizo al momento de construirla, pero dicha cantidad ya fue subsanada y no se justifica dicho impuesto.

Las propuestas no fueron aprobadas.

En una segunda intervención la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno hizo uso de la voz para presentar una reserva sobre los derechos por servicio de movilidad en materia de tránsito.

Se refirió a la ministración de juego de placas y dijo que el aumento estaba por encima de lo acordado y no se contaba con la justificación, además de que el aumento porcentual era superior a lo establecido, que debe ser del 4 por ciento, por lo que pidió dejarlo sin aumento.

La propuesta no fue aprobada.

En su intervención el diputado José Huerta Aboytes se reservó el artículo 17 fracción segunda, correspondiente al cobro por derechos por servicios del registro civil por tramitación y celebración de matrimonio fuera de las instalaciones del Registro Civil. Manifestó que se presenta un aumento de un 49.9 por ciento para quedar con un costo de $3,523.00.

El legislador argumentó que este incremento no está acompañado por un estudio técnico que lo sustente, sino que responde a un aumento inercial. Sin embargo, en esta ocasión rebasa por mucho la tasa prevista, por lo que se propone mantener el aumento en el 4 por ciento, ya que consideró que con este cobro se cubren los gastos de los oficiales al salir de las instalaciones del Registro Civil al cumplimiento de su labor.

La propuesta no fue avalada.

La congresista Ma. Guadalupe Guerrero Moreno se reservó el artículo 19 respecto a los derechos por servicios de registro público a la propiedad y el comercio. En este sentido, argumentó que el incremento propuesto no cuenta con un estudio técnico de costos y afecta de manera considerable la economía de la ciudadanía, ya que el aumento se dirige a trámites que son de uso común y que brindan certeza jurídica a los trámites que requiere hacer la población.

Por lo que la diputada propuso que los montos contenidos en el artículo en mención y sus fracciones, se ajuste al 4 por ciento.

Sobre el mismo artículo presentó una reserva el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo en lo relativo al monto a pagar en cuanto a la inscripción de escritura o documento registrable, al señalar que el incremento real es de 23 por ciento y que el aumento era un claro perjuicio para los ciudadanos guanajuatenses y, agregó, que el estado podía seguir brindando un buen servicio sin incrementar las tarifas.

En ese sentido propuso mantener la tarifa en los términos de la ley vigente.

Las propuestas no fueron aprobadas.Finalmente, la diputada Carmen Vaca González se reservó el artículo 22 en relación con la expedición de certificados, certificaciones y constancias, específicamente al apartado que se refiere a la carta de antecedentes penales.  La legisladora, precisó que la propuesta establece el cobro de $ 157.00 por la expedición de este documento, a lo que planteó eliminar el cobro de este trámite a personas de 18 a 35 años, a fin de fomentar el crecimiento profesional y económico de lo jóvenes en situación laboral y contribuir a que tengan acceso a un trabajo formal y bien remunerado. La propuesta no se aprobó.

Rinden protesta:

En la misma sesión ordinaria, rindieron protesta Ma. Rosa Medina Rodríguez, como agistrada Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Eliverio García Monzón, como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.