GUANAJUATO, GTO.- El Pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad de votos, la aprobación de la Guardia Nacional y la prisión preventiva a quienes sean acusados de cometer delitos de alto impacto. 

Guardia Nacional

Al solicitar el voto a favor del dictamen, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que la consolidación de las modificaciones de la Guardia Nacional eran la etapa definitiva de un intenso proceso parlamentario y político respecto a la mejor forma de integrar las capacidades de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.

El legislador mencionó que no había legislaciones perfectas, pero que los cambios que se proponían era la síntesis más efectiva de las herramientas jurídicas que se necesitan para contar con una estructura de fuerza que permita enfrentar adecuadamente la grave amenaza del crimen organizado.

Alcántar Rojas destacó los resultados obtenidos después del intenso debate y dijo que, el resultado, como lo señalaba el dictamen era una guardia nacional que no implicaba de ninguna manera la militarización de la seguridad pública, por el contrario, será formada bajo su carácter civil que garantiza que las operaciones de dicha guardia estarán encaminadas a garantizar la seguridad de la nación con estricto apego a la constitución, la ley y los derechos humanos.

“Es el momento de replicar esta solidaridad en el servicio al bien de México, respaldando con nuestro voto a favor ese coro de convicción y democracia que inició en el Congreso de la Unión y avanza a lo largo de las entidades; es el momento de contar con una guardia nacional que actúe con toda la fuerza de la ley y todo el apoyo de las instituciones, para garantizar al mismo tiempo el combate efectivo contra los delincuentes y el respeto absoluto de los derechos humanos.”, finalizó.

También para hablar a favor del dictamen, el diputado Hugo Varela Flores hizo uso de la voz.  Expresó que, ante el complejo panorama de inseguridad en el país, la propuesta de la Guardia Nacional ha generado una intensa polémica y debate tanto en las cámaras que conforman el Congreso de la Unión como en el ámbito social, en el cual se han manifestado posturas en contra de la intervención de las fuerzas militares en la procuración de la seguridad interior.

“Creemos que no existe contravención alguna con la Norma Suprema ni con tratados internacionales suscritos  por el Estado Mexicano, pero más que nada, la apoyamos sin reservas, porque ante la crisis de violencia e inseguridad que hemos venido padeciendo y dada la necesidad de variedad de medias que se han intentado y que no han dado resultado, consideramos conveniente que al actual gobierno se le brinde la oportunidad de intentar resolver el problema con esta nueva medida y que a nuestros soldados y marinos se les otorgue un voto de confianza”, agregó el legislador.

En su intervención, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que el Estado era garante de la seguridad pública de su población y máximo responsable de las acciones que se realizan al momento de detectar alteraciones en el orden social.

Afirmó que la ciudadanía tenía derecho a gozar de una vida segura y en paz. Habló del funcionamiento que tendrá la Guardia Nacional y señaló que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, que la dotará de carácter civil y que estará compuesta por la policía federal la policía naval y la policía militar. 

Márquez Albo indicó que se abrirá una convocatoria para quienes se quieran enlistar y que en una primera etapa se desplegará en 150 regiones, de las cuales Guanajuato tiene contempladas cuatro. Asimismo, dijo que se les dará capacitación en derechos humanos, derecho penal y tendrán una disciplina paramilitar.

Finalmente, agregó que quienes sean detenidos serán puestos a disposición del fuero civil e invitó a sus homólogos a sumar esfuerzos y a votar a favor ya que, subrayó, era una necesidad y un reclamo que tenía la ciudadanía de que se atendieran los delitos de alto impacto.

Por su parte, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo señaló que la inseguridad es una realidad que preocupa a todos y que hace que el estado actúe con todos los instrumentos jurídicos. En este sentido, refirió que la aprobación de la creación de la Guardia Nacional, con las modificaciones y matices que se lograron desde el Congreso de la Unión, tiene el potencial de ser una fuerza que permita que tanto el Ejército como la Secretaría de Marina regresen paulatinamente a sus labores fundamentales en defensa de la soberanía nacional.

“Los invito a favor de votar por el dictamen para que Guanajuato sea protagonista de este cambio en nuestra ley, respondiendo a una demanda de los ciudadanos, porque todos queremos seguridad y para lograr el camino es necesario tener mejores leyes que fortalezcan a las instituciones y hagan de la vida del Estado de Derecho”, dijo.

Asimismo, el diputado subrayó la necesidad de contar con una institución policial que integre una visión de seguridad pública con los recursos materiales suficientes para avanzar en la lucha que va más allá de las corporaciones municipales y estatales, lo cual podrá ser solventado por la Guardia Nacional.

Prisión preventiva oficiosa

En lo que respecta al dictamen de la minuta sobre prisión preventiva oficiosa, el diputado J. Guadalupe Vera Hernández habló a favor y dijo que, para proteger a los ciudadanos se necesita toda la fuerza de la ley, la acción del estado y la participación de la sociedad.

Manifestó que con la reforma propuesta, se ordenará a los jueces que dicten prisión preventiva a quienes comentan delitos tan graves como el feminicidio, robo de casa habitación o al transporte de carga, además de la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; al igual que a quienes usen programas sociales con fines electorales, cometan enriquecimiento ilícito o abuso de funciones y delitos en materia de hidrocarburos y armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea; así como en casos de abuso o violencia sexual contra menores.

“Celebramos el contenido de la reforma constitucional …que permitirá salvar a muchísimos inocentes, y al mismo tiempo les dará a las autoridades un instrumento jurídico muy importante para avanzar en la lucha por desmantelar las redes del crimen organizado, evitando que los peores criminales se den a la fuga aprovechando su libertad durante el proceso penal”, subrayó.

Finalmente precisó que debían respaldar el perfeccionamiento de las leyes, para que el que la haga, la pague en la cárcel, sin darle oportunidad de escaparse y seguir con su carrera criminal, dañando en el camino a muchas otras personas.

Por su parte, el congresista José Huerta Aboytes Indicó que con esta modificación se evitará lo que el pueblo llano ha dado en llamar la «puerta giratoria», ya que una de las situaciones que más ofende y lastima a las víctimas, es constatar que quienes perpetraron los ilícitos en su contra y de sus familias, aún después de reconocerse responsables, siguen gozando del privilegio de llevar su proceso en libertad.

“Estamos en posibilidad de dar cumplimiento a ese compromiso programático que nos trazamos al iniciar los trabajos de esta Legislatura… se presenta la oportunidad de cumplir con una de las metas que nos fijamos en nuestra agenda. La minuta proyecto… busca extender la prisión preventiva oficiosa para el caso de delitos altamente agraviantes para el cuerpo social”, subrayó el congresista.

Huerta Aboytes apuntó que con esta reforma se pretende limitar de los beneficios que el precepto constitucional de referencia concede, en general, a todos los gobernados; para que mediante la aplicación de la mencionada medida cautelar se evite la sustracción del imputado de ciertas conductas antisociales y se garantice su permanencia durante el proceso.

“Consideramos que con este respaldo estaremos contribuyendo, en lo que nos corresponde, a la lucha contra la violencia y la criminalidad, y primordialmente a la pacificación de México y de Guanajuato”, finalizó.

En su intervención, la legisladora Katya Cristina Soto Escamilla aplaudió que el Congreso del Estado de Guanajuato haya respaldado la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de la cual, quienes cometan diversos delitos, incluyendo los casos de abuso o violencia sexual contra menores, enfrentarán prisión preventiva oficiosa.

“Creo que esta modificación constitucional es verdaderamente un acto de justicia, porque la labor fundamental de cualquier gobierno consiste en proteger la seguridad de aquellos habitantes a los que representa, especialmente a los que están en situación más vulnerable como lo son las niñas y los niños, que constituyen también la esperanza, alegría y orgullo de las familias y de la sociedad”, dijo.

Acentuó que como sociedad y como gobierno es necesario dejar claro, desde la ley fundamental del país, que el abuso contra menores es un crimen despreciable e injustificable, y que como sociedad se está dispuesta a castigarlo con el mayor rigor que permita la ley.

“Ante el abuso, cero tolerancia y cero pretextos. A nuestras hijas e hijos los defenderemos siempre con el corazón y con los puños, pero también con todo el peso de la ley y con el respaldo de las instituciones. Por cada uno de ellos, por su inocencia, sus derechos y su pleno desarrollo, con la ley y la justicia ¡para construir una vida mejor. votamos a favor!”, finalizó.

De igual forma, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo habló a favor del dictamen, argumentado que con ello se pretende evitar la llamada “puerta giratoria” en la que los delincuentes son puestos en libertad por no tener antecedentes, por ser la primera vez que delinquen o por la cuantía del robo del que se trata.

“Debe quedar claro que la prisión preventiva no es adelantar la pena. La prisión preventiva justificada evita que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que sea presumible de un riesgo social”, aclaró el legislador.

Agregó que, en un futuro, una vez superada la situación de inseguridad que orilla a tomar esta medida, se podrá adelgazar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. 

Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Prieto Gallardo destacó que con la aprobación de la minuta en cuestión se garantiza que el imputado no pueda sustraerse de la justicia, es decir, deslindarse de cualquier ilícito, además de se garantiza la seguridad de la víctima u ofendido del delito, de los testigos y hasta de la autoridad. 

“La reforma en cuestión busca plantear una medida firme contra los delitos que se han elevado de forma alarmante, teniendo como finalidad que estos disminuyan notablemente al advertirle al criminar que su conducta ameritará prisión preventiva, todo esto con el objetivo de enviar un mensaje claro a la sociedad en el sentido de que no se tolerarán más delitos de este tipo y de otros, esta medida garantizaría tranquilidad a las víctimas del delito”, dijo. 

El legislador agradeció a las fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado por su disposición para votar a favor de la minuta de decreto, pues consideró que las medidas de seguridad para las y los guanajuatenses no deben tener colores partidistas, ni intereses políticos.