GUANAJUATO, GTO.- La Comisión de Desarrollo Económico y Social, del Congreso de Guanajuato, llevó a cabo dos mesas de trabajo para analizar dos iniciativas relativas a las salvaguardas sociales y evaluación de políticas públicas de desarrollo social.

Salvaguardas sociales

El primer análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato para incorporar el concepto de salvaguardas sociales, a fin de establecer instrumentos legislativos que articulen las estrategias económicas con los objetivos de la política social para colocar en el centro de las decisiones el bienestar de las personas.

Al hacer uso de la voz, Miguel Zúñiga, miembro de la comunidad Nápoles del municipio de Silao, comentó que sería de gran ayuda que desde el ámbito de gobierno se pudiera lograr una mayor participación por parte de las empresas que tienen algún centro de operaciones o sede cerca de las comunidades de Guanajuato.

Por su parte, Ma. Guadalupe Segura de la colonia Villas de Guadalupe de Silao, externó que con la participación de las empresas privadas que se han instaurado cerca de sus viviendas se pudieran solventar temas como el drenaje. También pidió se tuvieran apoyos para la realización de guarderías en puntos estratégicos para que las niñas y los niños no anden en la calle y no sean propenso a reproducir conductas de violencia o drogadicción.

Carlos Torres Yáñez representante de la Coordinación General Jurídica expresó que es importante tener presente a las comunidades y pueblos indígenas con la realización de una consulta, además de que se tengan una norma que dé seguimiento, evaluación y actualización de las salvaguardas que se pudiera atender con la elaboración de informes periódicos.

La representación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado mencionó que el diseño de políticas y programas públicos con salvaguardas sociales pueden aumentar el apoyo público y la legitimidad de las medidas, por lo que dichos parámetros son esenciales para garantizar resultados equitativos, sostenibles y socialmente responsables.

El diputado David Martínez Mendizábal dijo que los proyectos de alto impacto no siempre provocan desarrollo en sus entornos, por lo que es necesario ajustar algunas cuestiones legislativas y crear voluntades de las empresas, tomando en cuenta que ya hay proyectos privados en la entidad que han generado cambios positivos para las comunidades cercanas.

La legisladora Janet Melanie Murillo Chávez precisó que por las opiniones escuchadas se tiene la certeza que la iniciativa va por buen camino, misma que se relaciona con el concepto de mentefactura, debido a que se busca que las juventudes de esas comunidades ya no sólo vayan a trabajar a las fábricas, sino que puedan prepararse académicamente para que puedan ser las mentes creativas que lideren proyectos en los nuevos sistemas que la industria exige.

El congresista Víctor Manuel Zanella Huerta opinó que el combinar las grandes inversiones con acciones sociales es un gran empuje para favorecer las prácticas que se realizan para mejorar los tejidos sociales, que se traduzcan en progreso y mejoras para las comunidades y así estas puedan evolucionar y denotar un rostro diferente.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que esta de acuerdo en que las comunidades de los alrededores de los proyectos industriales de la entidad tengan beneficios. En sus comentarios sumó que es positivo que se sumen los demás grupos parlamentarios y se aporten otros elementos para que se fortalezca dicha propuesta.

Evaluación de políticas públicas sociales

La segunda iniciativa puesta a discusión corresponde a la propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato con la finalidad de crear un Cuerpo Académico Evaluador de la Política Social para el Estado para auxiliar en la evaluación de la política pública del desarrollo social y humano en la entidad.

En su intervención, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica, indicó que en Guanajuato se cuenta con un marco normativo que sustenta el sistema de monitoreo y evaluación que se contempla en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los municipios de Guanajuato, además de que se cuenta con instrumentos normativos y de planeación para el desarrollo de funciones como lo son los lineamientos generales para la evaluación de las políticas, programas y proyectos del Gobierno del Estado que ven el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas.

Agregó que también se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales que busca conocer y valorar el diseño, la operación, los resultados y el impacto de los programas sociales, además de que se identifica un impacto presupuestario no cuantificable derivado de la propuesta contenida referente a la universalidad de la política.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado comentó que la propuesta no da la claridad de la conformación, integración y funcionamiento del cuerpo académico que se propone; al igual que no se da la claridad si el cuerpo académico va a tomar en cuenta los mecanismos de evaluación para cumplir con la propia ley y se estaría limitando la participación de la sociedad civil organizada.

Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal expresó que existe una confusión en la evaluación de la política social con evaluación de programas con indicadores, además de que se propone un consejo consultivo y no de evaluación lo que genera también una confusión, por lo que no limita la participación ciudadana.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y los diputados Miguel Ángel Salim (presidente), Víctor Manuel Zanella Huerta y David Martínez Mendizábal. Todos ellos acompañados de representantes de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato.