LEÓN, GTO.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) informó que finalmente los alcaldes de Irapuato, Ricardo Ortiz, y de San Miguel de Allende (interino), Jesús Gonzalo González Rodríguez, aceptaron las recomendaciones que se les hicieron por dos casos en los que se comprobaron violaciones a derechos humanos.

En el caso de San Miguel de Allende hay que decir que el que acepta las recomendaciones es el alcalde interino, Jesús Gonzalo González Rodríguez, pero no el alcalde que se encontraba en funciones y quien violentó la libertad de expresión y prensa en agravio de dos mujeres periodistas.

Estamos hablando del panista Luis Alberto Villarreal García, quien hasta este viernes 3 de septiembre no solamente mantiene su postura de rechazo a las recomendaciones, sino que también acusa a las periodistas de mentir, calumniar y extorsionar.

En el caso de Irapuato el también alcalde panista, Ricardo Ortíz, había rechazado las recomendaciones de la Prodheg por violaciones a los derechos humanos de un joven asesinado a manos de un policía preventivo.

El rechazo de Ortiz fue potenciado por el antecedente inmediato de Villarreal, lo que endureció la postura del procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda, quien amagó con solicitar la comparecencia de los alcaldes ante el Congreso del Estado, para que informaran del por qué de sus negativas a las recomendaciones.

Sin embargo, este viernes la propia Prodheg dio a conocer que, tanto el alcalde de Irapuato como el interino de San Miguel de Allende, aceptaron las recomendaciones.

LUIS ALBERTO VILLAREAL, ALCALDE CON LICENCIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

La única piedra en el camino para la Prodheg y para el panismo guanajuatense es Villarreal, el principal violador de derechos humanos en el caso de San Miguel de Allende, a quien se le tendrá que iniciar un procedimiento administrativo en su calidad de alcalde con licencia.

Por lo pronto, estas son las recomendaciones que tendrá que cumplir el Gobierno de San Miguel de Allende: que “se instruya a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo a las personas servidoras públicas Nancy Yadira Grimaldi Ugalde, Raquel Olivares Hernández y Jesús Eduardo Rodríguez Gallegos, adscritas a la Policía Municipal, por la violación al derecho a la libertad de expresión en que incurrieron, en agravio de María Antonieta Rubio y Ana luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se se revuelve en los términos de las consideraciones de esta resolución. 

Notificando a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato la resolución que recaiga a cada uno de los procedimientos”. 

También se establece que  deberá instruirse “a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo en el que se determine la responsabilidad de Luis Alberto Villarreal García por la violación al derecho de  expresión en que incurrió, en agravio de María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se resuelve. 

La resolución también detalla que “el licenciado Jesús Gonzalo Rodríguez en su carácter de presidente municipal interino de San Miguel de Allende, Guanajuato, deberá ofrecer una disculpa pública a María Antonieta Herrera Rubio y a Ana Luz Solís Frías, por los actos cometidos en su agravio por el entonces presidente municipal en funciones Luis Alberto Villarreal García”, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

Finalmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos que las autoridades de San Miguel de Allende deberán de implementar medidas para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos, como los que fueron descritos en las recomendaciones. 

Estas son las recomendaciones que tendrá que cumplir el gobierno de Irapuato, cubrir los gastos erogados por el asesinato de un menor de edad, en manos de la Policía Municipal, una disculpa pública por parte del alcalde y se realicen los pagos correspondientes de indemnización a las personas afectadas.