LEÓN, GTO.- La Secretaría de Obra Pública acusa al ex comisariato ejidal de Santa Ana del Conde, Felipe Aguirre Jiménez, de haber falsificado firmas para venderle al Gobierno del Estado 8.3 hectáreas en 8 millones de pesos que luego no fueron repartidos entre los dueños de las tierras.

Lo anterior fue confirmado ayer en el noticiero nocturno de Radio Fórmula Bajío por parte del secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, quien en automático rechazó la posibilidad de que se hayan recibido moches dentro de su dependencia.

También confirmó que en estos momentos parte de la construcción del bulevar que conducirá al Parque Industrial Santa Ana del Conde se encuentra suspendido por orden de un juez federal.

Un recurso que fue otorgado en defensa de al menos 200 ejidatarios que han sido víctimas de este fraude, algunos de los cuales se manifestaron ayer durante la presentación del Plan de Gobierno del alcalde Héctor López Santillana.

“Sí tenemos una suspensión por el tribunal colegiado, donde nos ordenan precisamente que están en revisión de los documentos presentados por la Secretaría de Obra Pública del pago realizado al anterior comisariato ejidal. El anterior comisariato ejidal, lo que nosotros ya estamos investigando, inclusive hasta se presentó una denuncia penal de hechos, donde el ejidatario no repartió el dinero o el recurso otorgado, pagado por el Gobierno del Estado a todos los ejidatarios”, dijo Durán Miranda.

El secretario de Obra Pública explicó que el Gobierno del Estado, por ley, no tiene acceso a las asambleas ejidales, que son en las que se acuerdan las compraventas de terrenos demarcados en los ejidos.

También detalló que la propia Ley Agraria establece que, en caso de compraventa de tierras, se le debe pagar al comisariato ejidal para que éste distribuya el dinero entre los miembros ejidales.

Por lo pronto la construcción del bulevar se encuentra parada en un tramo de tres de los ocho kilómetros que comprende, donde además permanecen abiertas zanjas de hasta un metro de profundidad en las que no se pueden colocar señalamientos de precaución por el ordenamiento de suspensión de obra federal.