LEÓN, GTO.- Por criminalizar a quienes se han manifestado en contra del aumento de dos varos al transporte público, este viernes la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició un expediente de queja contra el Gobierno de León.

El miércoles pasado el alcalde Héctor López Santillana calificó como violentos e incitadores a los manifestantes.

Incluso responsabilizó a los abogados Roberto Saucedo Pimentel y Visente Hernández Barrios por lo que pueda ocurrirle a su familia, así como a la de la regidora Bety Yamamoto y a la del síndico

Luis Ernesto Ayala, después de que éstos postearan sus direcciones para que las manifestaciones se extendieran hasta ellas.

Al día siguiente, y luego de los disturbios en Walmart Torres Landa, el periódico a.m. publicó en su portada los disturbios bajo el encabezado de “Prende Violencia” y como nota secundaria

“Identifican a impulsores de protestas” en la que se hizo un fichaje de al menos ocho personas.

En ese fichaje también aparecen: Yolanda Martínez Ortiz, Gabriela Arriola, Adolfo Enríquez Vanderkam, Ricardo Gómez Escalante, Jaime Herrerías, Rodrigo González Zaragoza, Visente Hernández Barrios y Roberto Saucedo Pimentel.

Ante esto, Roberto Saucedo y Gabriela Arriola presentaron este viernes queja forman ante Derechos Humanos, y solicitaron al procurador, Raúl Montero de Alba que esta medidas cautelares de protección para las personas criminalizadas y exhibidas en el medio de comunicación.