GUANAJUATO, GTO.- A 21 días de que los diputados aprobaran al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que auditara los contratos del Gobierno de León con ocho supuestas empresas fantasma, los fiscalizadores ni siquiera han sido capaces de verificar si los domicilios fiscales existen.
Esto fue confirmado este jueves por el Javier Pérez Salazar, quien se encarga del changarro fiscalizador en el estado de Guanajuato.
“La más reciente es la que fue acordada por el Congreso relacionada con los contratos de empresas que tienen aparentemente dificultad en identificar los domicilios fiscales, pero esa auditoría apenas está en el proceso de la planeación”, dijo.
Agregó que él y sus muchachos primero tienen que hacer talacha de escritorio pa después irse a asolear con la chamba de campo.
“Es una fase meramente en planeación, todavía no estamos ni siquiera en sitio practicando algunas diligencias de manera directa sobre el municipio, es simplemente una etapa preparativa”, declaró Pérez Salazar.
La banda contrapuntera (ya saben, quitándole el rollo al funcionario) le pregunto lo siguiente: “dicho simple y llanamente… ¿todavía el Órgano Fiscalizador no ha acudido a revisar precisamente los domicilios de estas empresas?”
“No con relación a este acto no”, esa fue la respuesta del auditor principal del estado.
Fue el 19 de febrero pasado cuando los diputados aprobaron que el OFS metiera las narices en el hediondo asunto de las empresas fantasma.
Estamos hablando de las siguientes razones sociales, chequen: Advise Experts Trilogy S.A. de CV.; Asesoría Especializada Especta Aeesa, S.A. de C.V.; Asesores y Gestiones del Pacífico, S.C; Servicios Opcionales de Guanajuato, S.A. de C.V.; Participación en Proyectos GA, Va., S.A. de C.V.; Grupo Asesor Comisionista, S.A. de C.V.; Grupo Itec de León; y Constructora Dagusa.
Todas ellas, según una investigación realizada por el diario a.m., se embolsaron 10 millones de varos en situaciones irregulares.
Mientras tanto, Barbara Botello tiene ya cinco días que dejó la alcaldía de León para acomodarse luego en una diputación federal plurinominal.
El OFS tiene como plazo un año para concluir con la auditoría sobre estas empresas, aunque, según el propio Javier Pérez Salazar, es común que se la prolonguen.