CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 11 dependencias, el gobierno federal las ha utilizado varias veces para desviar miles de millones de pesos.

Así lo dio a conocer mediante un extenso reportaje Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), quienes detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones, esto con sólo revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen”, se indicó en el trabajo periodístico.

El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario al señalar que la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este fraudulento mecanismo.

LA PRIMERA FASE DEL ROBO

Esto se trataría de un complejo sistema en el que el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, “sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”, se explica en el reportaje.

La Auditoría Superior de la Federación había calificado de ilegal este primer paso una vez detectado por ellos.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad llevaron la investigación hasta seis estados, revisaron miles de documentos, y visitaron decenas de supuestos domicilios, y concluyeron que “3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.

Las dependencias involucradas son Sedesol, con Rosario Robles Berlanga al frente; Banobras, con Alfredo del Mazo Maza, hoy gobernador electo del Estado de México; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

La lista sigue, la Secretaría de Agricultura, con Enrique Martínez y Martínez como titular; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez al frente; Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En el caso específico de Pemex, estos ‘convenios’ se firmaba desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

LAS CASAS DE ESTUDIO

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT); la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche); Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabaco; Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y la Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente de la República, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos”, indica el reportaje.

El trabajo de investigación se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen. En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales.

La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados”, se explicó.

POR LA TANGENTE

Para eludir la Ley de Adquisiciones —la cual los obligaría a hacer licitaciones—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas ya que la ley se los permite si las instituciones realizan al menos el 51% del servicio contratado.

La investigación desprendió que las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en casi todos los convenios firmados: distribuir despensas, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. “En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%”.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

En primer lugar esta triangulación viola la ley, reconocieron funcionarios públicos consultados. Pero además de las empresas elegidas, “128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado”.

Personal de las universidades -que hablaron a condición de anonimato- dicen que los funcionarios públicos fueron quienes las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Pero más allá de quién seleccionó a las empresas, la comisión que cobró cada universidad implicó un sobreprecio de los servicios contratados, “porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.”

AQUÍ PUEDES VER EL REPORTAJE COMPLETO: http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/