GUANAJUATO, GTO.- El Órgano de Fiscalización Superior  le perdonó cualquier cantidad de transas a la administración pública del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en dictámenes de investigación que fueron aprobados este jueves por los diputados del Congreso Local.

Se trató de investigaciones por movidas chuecas realizadas durante el 2011 en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal).

“Estamos a favor de que se impongan las responsabilidades, pero en contra del proceso, del proceso de auditoría, porque el llamado Órgano de Fiscalización Superior le perdonó a Oliva una serie de latrocinios y de irregularidades de todo tipo”, dio el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Gerardo Zavala Procell.

En el ISAPEG se probaron irregularidades por 168 millones de varos por el incumplimiento de una empresa que no entregó licencias pa un software necesario pal sistema de salud, además de un robo de medicamentos por 18 mil pesos por parte de un empleado de poca monta y otro que laboraba con una cédula profesional falsa.

En el caso del DIF se confirmaron irregularidades por pagos injustificados de liquidación por 81 mil 165 pesos para las ex empleadas del DIF; Mitzi Priscila Martínez Saudedo, quien se desempeñaba como Coordinadora de Personal, y María de la Luz Preciado Pichardo, quien era directora de Asistencia Alimentaria.

Quedaron fuera las sanciones por los contratos millonarios que desde el DIF se aprobaron a beneficio de familiares y amigos del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y las transas millonarias que incluyeron el despido de un secretario de salud; Jorge Armando Aguirre Torres.

“(Esto me deja) un sabor de insatisfecho, un sabor que creemos que debe haber un análisis más exhaustivo, que tenemos que trabajar mucho mas por dar evidencia de lo que está ocurriendo, ya lo han dicho, la transparencia no es una moda, la transparencia hay que verla con ejemplos”, dijo Sergio Contreras, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Todas las acciones contra funcionarios y ex funcionarios públicos involucrados en estos hechos probados de irregularidades resultaron ser objeto de procedimientos administrativos, excepto el robo de medicamentos y la suplantación profesional de personal sin relevancia.