La familia del agente norteamericano Jaime Zapata, muerto en México con armas gabachas de la operación Rápido y Furioso, demandará al gobierno de nuestros vecinos del norte por homicidio culposo, derivado de la introducción a nuestro país de miles de armas como parte de una estrategia de monitoreo de contrabando que durante meses llevó a cabo la Oficina de Alcohol, Armas y Tabaco con dicha operación.

Los sospechosos de contrabandear armas estaban identificados desde hacía tiempo y nunca se hizo el intento de detenerlos.

El compañero de Zapata, Víctor Ávila, también le entró a la demanda por lesiones, pues le tocaron dos balazos en una pierna en el ataque de supuestos sicarios, ocurrido en febrero de 2011 sobre una carretera de San Luis Potosí.

El presidente Barack Obama usó un privilegio que le da la ley de su país para mantener cierta información en secreto, y se evitó que otros documentos sobre la operación se difundieran, a la vez que un comité de la Cámara de Representantes le leyó la cartilla y declaró en desacato al director de Rápido y Furioso, Eric Holder, por negarse a entregar más información sobre cómo estuvo el asunto.