GUANAJUATO, GTO.- El Grupo Parlamentario de morena presentó un punto de acuerdo de obvia resolución en el Congreso de Guanajuato para exhortar a la Auditoría Superior del Estado, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al gobierno del panista Javier Mendoza Márquez en Celaya.

Se tratará de una auditoría financiera integral que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas; La planeación de la auditoría debe considerar la verificación de las faltas graves y no graves de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; Para la fiscalización de la materia de auditoría resultante, la revisión deberá incluir, al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos; El periodo auditado abarcará los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y concomitante 2024.

En su intervención, la diputada Martha Edith Moreno Valencia señaló que las y los celayenses hemos sido testigos de diversas anomalías en el manejo de los recursos públicos, situación que no solo influye en la gestión pública, sino que también impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, al desviarse recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y sobre todo en seguridad.

“El actual alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, ha denunciado múltiples irregularidades en la entrega de la administración, destacando, entre otros casos, el de un dron táctico de última tecnología perteneciente a la Secretaría Ciudadana de Celaya que se encuentra extraviado. Aunque no se cuenta con el monto exacto, personal de la misma secretaria señala que su valor podría ser de hasta un millón y medio de pesos”, dijo.

La legisladora informó sobre el hallazgo de 27 patrullas y dos automóviles abandonados en un almacén cercano al C4, así como de dos camionetas blindadas dejadas en un taller mecánico, mismas que no fueron reportadas durante el proceso de entrega-recepción y que se encontraron más de 100 vehículos en mal estado, que no recibían el mantenimiento adecuado, a pesar de que se les asignaban recursos para ello.

“Es fundamental garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Esta auditoría no solo servirá para esclarecer el uso de los fondos municipales de la pasada administración, sino también para restaurar la confianza de los ciudadanos en el actual gobierno”, comentó.

Finalmente, Moreno Valencia indicó que es necesaria la colaboración de las instancias correspondientes para iniciar este proceso de auditoría lo antes posible, asegurando que los resultados den certeza del destino de los recursos capitales y financieros cuyo paradero se desconoce actualmente y se tomen las medidas necesarias para sancionar cualquier irregularidad detectada.

Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna los diputados Antonio Chaurand Sorzano y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.

Chaurand Sorzano manifestó que las autoridades deben ser reflejo de integridad compromiso y eficiencia en la gestión de los recursos. Apuntó que en Celaya la población externa el sentimiento de prácticas opacas en el manejo de los recursos públicos, lo que socava la credibilidad institucional.

Manifestó que esta auditoría no era solo una medida de control, sino un acto de justicia social. Precisó que lo mencionado era un patrón preocupante en la administración de los recursos públicos, y ese mal manejo evitaba su uso en materia de salud, educación y otros aspectos esenciales.

El congresista manifestó que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales en un gobierno que represente a la población, y también un llamado a la recuperación de la confianza ciudadana.

Por su parte, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor recordó que los recursos públicos son de la gente, por lo que invitó a sus homólogos a votar a favor de la propuesta de punto de acuerdo para ser congruentes con el decir y el actuar.

Finalmente, dijo que pedía que se respete el derecho de todas y todos los guanajuatenses de saber en qué se gastan los recursos públicos.

La obvia resolución no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.