CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y actual vocero de campaña de la candidata presidencial de morena, Caudia Sheinbaum, está siendo investigado, junto a otros 61 colaboradores, por el Consejo de la Judicatura Federal por posibles hechos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
En un documento revelado primero por el periodista Arturo Ángel y en poder de López-Dóriga Digital, registrado con el expediente de investigación J/108/2024 del índice Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, se detallan hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2022, mediante denuncia anónima.
Se señala que Zaldívar pudo “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
“(Arturo Zaldívar) ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Se establece que las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, “ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas”.
En el acuerdo se da el nombre de magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores fueron presionados por conducto de personal bajo su mando.
“Quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenía grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos, ejemplo de ello, se dio en quienes fueran secretarios de estudio y cuenta del ex ministro, que como premio se volvieron jueces y magistrados”, se apuntó.
El acuerdo, de 15 páginas, se explica que Zaldívar Lelo de Larrea se habría confabulado con el exconsejero de la presidencia de la República, Julio Scherer, para operar casos.
Otros funcionarios que son investigados son Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, señalado en la denuncia anónima de cometer enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo”, violencia sexual, entre otros.
Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, señalado por corrupción en su modalidad de delincuencia organizada institucional
Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, acusado por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito, uso indebido del cargo y de las instalaciones.
Además, también son señalados jueces y magistrados “que aceptaron la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea”. Entre ellos se encuentran el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna; Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Distrito; el juez José Artemio Zúñiga Mendoza; magistrado Fernando Córdova del Valle.
“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto”, se indicó.
“Con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”, expuso.
