CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el spyware Pegasus para espiar a un defensor de derechos humanos que investigaba una ejecución extrajudicial cometida por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Un oficio secreto, elaborado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI) el 2 de septiembre de 2020 y dirigido a “la atención de la Superioridad” –es decir, a Sandoval–, expone elementos que los militares encontraron en el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el mes de agosto de ese año.
Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013.
Este informe también contrasta con las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha respaldado las mentiras de la Sedena.
El mandatario ha afirmado, en varias ocasiones, que su gobierno no ha comprado Pegasus a la empresa israelí NSO Group y por ende no lo ha usado para espiar de manera ilegal a ciudadanos, como lo hicieron sus antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Sedena y la Presidencia de la República no respondieron a los cuestionarios que les enviaron los medios participantes en esta investigación.
El CMI espió a Raymundo Flores en plena crisis de la Sedena. En la noche del 13 de julio de 2020, unas patrullas militares persiguieron a tres camionetas manejadas por hombres armados en las calles de Nuevo Laredo. Los soldados abatieron a un conductor, y cuando el vehículo se detuvo, ametrallaron al vehículo para matar a sus ocupantes. En la caja de la camioneta, había tres jóvenes vestidos casualmente, uno de ellos con los tobillos atados. Habían sido secuestrados escasos días antes, y eran trasladados por los delincuentes hacia otro paradero.
Los soldados los mataron también. Cuando se dieron cuenta de que eran civiles, montaron una versión falsa de los hechos: la Sedena informó que todos los ocupantes de la camioneta eran delincuentes y difundió fotografías, en las cuales se notaba que 9 criminales estaban vestidos con trajes tácticos –“similares al personal de marina”, diría el encargado del operativo–, y los tres secuestrados vestían “casual”.
Los familiares de los secuestrados negaron que los tres jóvenes eran delincuentes, y rápidamente corrió la versión de que los soldados los habían ejecutado de manera extrajudicial.
El 9 de julio de 2020, Raymundo Ramos presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en nombre de un familiar de uno de los secuestradores, por la “presunta ejecución arbitraria y/o extrajudicial” del joven, donde acusó también a la Sedena de haber filtrado fotografías y videos a la página Nuevo Laredo, Frontera al Rojo Vivo, donde se afirmaba que los tres civiles eran sicarios.
Ramos lanzó entonces una campaña para informar sobre el caso, que empezó a captar la atención de los medios a nivel nacional. De acuerdo con el Citizen Lab, los primeros ataques al teléfono de Ramos con Pegasus se dieron los 18 y 19 de agosto de 2020.
El 24 de agosto de 2020 marcó el derrumbe de la narrativa de la Sedena: ese día, un periodista de El Universal publicó un video que exhibió cómo los soldados abatieron a los jóvenes secuestrados en la caja de la camioneta, a gritos de “¡Mátalos wey, a la verga!”. La nota reveló que los tres jóvenes fueron asesinados con una bala en la frente o la nuca, lo que llevó a la deducción que fueron ejecutados fríamente y no murieron en el combate como sus secuestradores, cuyos cuerpos estaban acribillados.
La nota causó un gran escándalo, pues además de exhibir una ejecución extrajudicial, comprobó que la Sedena ocultó el hecho, haciendo pasar a los secuestrados por delincuentes. El video no era del todo desconocido para las personas cercanas al caso, pues uno de los familiares que presentó una queja ante la CNDH lo había enviado al ombudsman el 20 de agosto.
Apenas cuatro días después de la publicación del video en El Universal, el CMI intervino de nuevo el teléfono de Ramos con Pegasus. Al hurgar en el dispositivo del activista, los agentes de inteligencia capturaron información relacionada con el caso, que el activista había enviado a una periodista de Televisa – su nombre se reservó a petición suya–, así como a otro periodista, colaborador de El País.
De acuerdo con el oficio, Ramos habría enviado el video, luego la periodista de Televisa le habría reclamado por la primicia del material y pedido testimonios –Ramos le habría mandado entonces una denuncia presentada por un familiar–, y posteriormente habría enviado a Salinas las declaraciones de militares que participaron en el operativo. Cabe señalar que, según la investigación de la CNDH, el video fue proporcionado por un soldado al padre de uno de los secuestrados, quien a su vez lo hizo llegar a El Universal.
Esta serie de acciones que el CMI encontró en el teléfono de Raymundo Ramos está apegada a lo que podría esperarse de la labor de un activista: documentar violaciones a los derechos humanos y comunicar los hallazgos a periodistas para ampliar su difusión. En ningún momento se sugiere que el activista haya pedido dinero por sus gestiones, ni que se haya comunicado con delincuentes en este caso.
Sin embargo, en su oficio el CMI acusa, sin pruebas, a Ramos de haber mantenido una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, hermana de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales –otrora líderes de los Zetas respectivamente conocidos como Z40 y Z42–, y que en abril de 2017 presentó un escrito sobre el “presunto allanamiento ilegal” del domicilio del tío de Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, un sicario del Cartel del Noreste.
En su oficio, el CMI sacó una conclusión radical: sostuvo que Ramos “mantiene vínculos con el ‘Cártel del Noreste’ aprovechando su calidad como activista de DD.HH., lucra con la información del desempeño de la FF.AA. para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la Delincuencia Organizada”, y mantuvo la versión según la cual los 12 ocupantes de la camioneta eran “sicarios”, quienes fueron “reducidos” –un eufemismo para no decir “ejecutados”–, negando así el carácter de víctimas de los tres ejecutados.
Peor aún: el CMI recomendó que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.
En otras palabras, el CMI elaboró un informe secreto, basado en un acto de espionaje ilegal perpetrado con Pegasus contra un defensor de derechos humanos; sin presentar prueba alguna, sacó conclusiones que vinculan al activista con la delincuencia organizada; recomendó a Sandoval que entregara el documento a la fiscalía militar para sembrar la idea de que Ramos trabaja con el Cártel del Noreste, y le aconsejó que lo hiciera sin incluir el informe en la carpeta, es decir, de manera extraoficial.
Todo ello, para influir en una investigación oficial de la Fiscalía Militar sobre una ejecución extrajudicial, considerada como una violación grave a los derechos humanos.
