LEÓN, GTO.-  La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó que seis elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza y no prestaron atención médica inmediata a un migrante, quien por estas acciones murió el 13 de diciembre del 2018 en un retén de San Miguel de Allende. 

Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos determinó que la Fiscalía General del Estado, a través de dos de sus agentes del Ministerio Público, no garantizó los derechos de los familiares del migrante durante el proceso de investigación.  

Ante esta situación, la Procuraduría recomendó que se debe hacer una reparación integral del daño y agilizar la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de quienes participaron en los hechos.

Cabe hacer mención de un par de señalamientos realizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en torno a la preparación de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. 

1.- Se incurrió en violación al derecho a la vida (…) al carecer de la capacitación adecuada que les permitiera discernir cognitivamente el hecho en cuanto a los límites del uso de la fuerza, lo cual realizaron con exceso.

2.- La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza.

En torno a la Fiscalía General, el señalamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre el hecho de que “no se les garantizó (a los familiares) los derechos que les asisten en su condición de víctimas del delito en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas”, resulta contundente.

A continuación, el detalle de las recomendaciones emitidas por Derechos Humanos.  

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, 

Alvar Cabeza de Vaca Appendini:

PRIMERA.- Se inicie procedimiento administrativo a José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, respecto de la Violación del Derecho a la Vida, de la cual se dolió Ma. Guadalupe Reyes Moreno, en agravio de su hijo Leonardo Reyes Cayente.

SEGUNDA.- Previo consentimiento, se brinde atención psicológica, psiquiátrica y/o tanatológica a los familiares directos de la víctima Leonardo Reyes Cayente, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y prestarse de forma continua hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y emocional, a través de atención adecuada a los padecimientos sufridos, atendiendo a su edad y sus especificidades de género. 

Esta atención deberá brindarse no obstante el tiempo transcurrido a partir de que acontecieron los hechos, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas indirectas, con su consentimiento previo, brindando información clara y suficiente.

TERCERA.- Gire instrucciones al Comisario General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que se otorguen garantías efectivas de no repetición, por las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Reyes Cayente.

CUARTA.- Instruya a quien corresponda a efecto de que se diseñe e imparta un curso integral dirigido al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, específicamente sobre los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargado de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, a fin de que su actuar se ajuste a la vigente Ley Nacional del Uso de la Fuerza y en apego al artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al artículo 58 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

QUINTA.- Sean cual fueren las determinaciones de la Unidad de Asuntos Internos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado respecto a la responsabilidad administrativa de José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, se deberá anexar copia de ellas y de la presente Recomendación en sus expedientes laborales.

SEXTA.- Se designe a una persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta Procuraduría, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituida, deberá notificarse oportunamente a este organismo estatal.

SÉPTIMA.- Se colabore debidamente en la integración de la carpeta de investigación 129198/2018 que se inició con motivo del deceso de Leonardo Reyes Cayente, a efecto de que se esclarezcan los hechos materia de la presente queja  y con ello se garantice el derecho humano al acceso a la justicia de los familiares directos de la víctima, para lo cual se requiere que se remitan a esta Procuraduría las constancias que acrediten dicha colaboración.

Al Fiscal General del Estado de Guanajuato, 

Carlos Zamarripa Aguirre:

PRIMERA.- Se inicie procedimiento administrativo a Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende, Guanajuato, respecto de la Violación del Derecho al Acceso a la Justicia, de la cual se dolieron Ma. Guadalupe Reyes Moreno, María Remedios Sánchez Sánchez y José Renato Cayente Moreno, a quienes no se les garantizó los derechos que les asisten en su condición de víctimas del delito en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

SEGUNDA.- Se instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la práctica de diligencias de investigación inicial que sean legal y materialmente necesarias dentro de la carpeta de investigación 129198/2018 correspondiente al índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, iniciada con motivo del fallecimiento de Leonardo Reyes Cayente y en un tiempo razonable se determine conforme a derecho.

TERCERA.- Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que, a la brevedad, se otorgue respuesta a Ma. Guadalupe Reyes Moreno, respecto a su solicitud de devolución de pertenencias de su hijo Leonardo Reyes Cayente.

ACUERDO DE VISTA

Al Secretario de Gobierno del Estado

Luis Ernesto Ayala Torres:

ÚNICO.- Se instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen medidas necesarias para reparar integralmente los daños ocasionados a los familiares director de la víctima conforme a derecho corresponda, que incluyan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, con motivo de las irregularidades en que incurrieron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en los términos que resulten procedentes, de conformidad en lo dispuesto  por la Ley General de Víctimas en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, así como lo estipulado en la tesis aislada con número de registro 2019079.